El diputado nacional, Carlos Cisneros, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para expresar el más enérgico repudio ante la reciente sentencia de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que ordena a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF SA a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management.
La iniciativa de Cisneros busca hacer valer el artículo 10 de la Ley N° 26.741, que establece que la transferencia de las acciones expropiadas de YPF requiere el voto de dos tercios de los miembros del Congreso de la Nación. Además, el proyecto exige al Poder Ejecutivo Nacional que tome todas las medidas necesarias para defender la soberanía argentina y sus activos estratégicos.
En los fundamentos de su propuesta, el diputado Cisneros enfatizó que la sentencia de la jueza Preska no solo presenta "serias deficiencias técnicas", sino que también "vulnera la soberanía nacional y viola el ordenamiento jurídico argentino". Recalcó que la expropiación del 51% del patrimonio de YPF se llevó a cabo conforme a la legislación vigente, incluyendo la Ley N° 26.741 sancionada por el Congreso en 2012, una ley que, según Cisneros, la jueza Preska pretende que el Estado argentino desconozca.
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El diputado Carlos Cisneros fue categórico al afirmar: "La jueza Preska desconoce la soberanía argentina y pretende alterar una decisión tomada por el Congreso de la Nación, lo cual es absolutamente inaceptable. Una sentencia extranjera, de un tribunal norteamericano, pretende despojarnos de activos tan importantes para el crecimiento de Argentina y para la política energética nacional. Este es un fallo en contra de Argentina y debe ser repudiado por todas las fuerzas políticas".
El proyecto también destaca la falta de fundamentos jurídicos sólidos en la resolución judicial, cuestionando la jurisdicción del tribunal estadounidense, la legitimación de los demandantes y la interpretación del derecho vigente. Asimismo, subraya la importancia estratégica de las acciones de YPF para el país.
Cisneros concluyó que la aprobación de este proyecto enviaría un mensaje contundente a la comunidad internacional y fortalecería la posición de Argentina, reafirmando que "la defensa de nuestra soberanía es un principio innegociable".